20 N. DE NUEVO LA INFANCIA OLVIDADA - Jaume Funes Artiaga
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20 N. DE NUEVO LA INFANCIA OLVIDADA

20 N. DE NUEVO LA INFANCIA OLVIDADA

Escribía ahora hace ya tres años el libro “El lugar de la infancia”, después de un frustrado intento de hacer de defensor de sus derechos. Constataba entonces cinco grandes preocupaciones. Hoy, 20 N de 2011, cuando nos piden ir a votar y nadie parece recordar que es el día de los Derechos de la Infancia, me ha parecido útil recordar una parte de ellas, habiendo constatado que debo seguir con el mismo grado de preocupación por todas y cada una de ellas.

En primer lugar, las concepciones y las prácticas sociales así como las respuestas que las diferentes administraciones dan a los derechos y a las necesidades de los niños y niñas parecen ancladas en el tiempo, no responden a una sociedad cada vez más compleja, en cambio acelerado, que funciona en gran medida con lógicas de influencia en red. Un ejemplo: la maternidad o la paternidad cada vez es más un concepto cultural que directamente biológico pero, con demasiada frecuencia, cuando se adopta o se tienen hijos en edades muy maduras se sigue pensando en hijos en propiedad o en derechos de los padres o madres a tener hijos. Otro: cuando Internet, los chats o la mensajería del móvil parecen ser omnipresentes en sus vidas corremos desesperadamente a reclamar nuevas censuras en lugar de pensar cómo podemos seguir educando en lo que se suele llamar un “contexto de influencias múltiples” en el que el papel de la personas adultas cercanas tiene otro sentido y otras formas de influencia.

En segundo lugar, los niños y niñas, los adolescentes, siguen siendo objetos a proteger pero no sujetos activos de derechos. Seguimos hablando y actuando “por su bien” y por supuesto definiéndolo nosotros como personas adultas. La “Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia” fue aprobada en 1989 y forma parte de lo que podríamos llamar derecho constitucional del país, algo que afecta a las normas básicas y no sólo a las pequeñas reglamentaciones. Pero, ni se les permite ejercer activamente algunos de sus derechos ni pueden reclamar su cumplimiento. Siempre dependen de algún adulto benévolo que tenga a bien reclamar y ejercer por ellos y ellas. El ejemplo más básico podría ser la escasa presencia de espacios de participación en sus barrios, en sus escuelas, en sus pueblos. Alguna vez se les consulta sobre cómo organizar la cabalgata de reyes y, en contados casos, sobre cómo diseñar una plaza.

No está previsto descubrir y considerar qué sienten, cómo viven, qué piensan. Nadie les hará caso si reclaman su derecho a vivir en condiciones o a no soportar el trato de algunos adultos. Por ejemplo: en las separaciones familiares amistosas no concedemos a los hijos e hijas ningún derecho a opinar sobre los acuerdos, a que alguien no implicado en la ruptura les explique la nueva situación e intente descubrir aquello que para ellos y ellas puede ser capital y que los adultos deberían considerar. No se acepta que el derecho al divorcio es un derecho condicionado. Igual que nuestras vidas deben cambiar cuando aceptamos acoger un hijo en el grupo familiar, nuestras separaciones dependen, lo queramos o no, de esas presencias.

Una persona adulta puede reclamar una prestación económica a la que cree tener derecho. Un niño, una niña no pueden reclamar que alguien ayude a su madre para que pueda hacerle de madre. No sabe que tiene el derecho a que el cariño de su madre sea posible. No puede reclamarlo directamente en ningún lugar.

La tercera constatación es que no nos importa hacerles daño. No diré que queramos hacerles daño pero sí que no pensamos en ello al tomar las decisiones y que, si descubrimos ese posible daño, siempre es secundario con respecto a otros “bienes” adultos. Los ejemplos más espectaculares a los que podría referirme son los relacionados con las declaraciones en los tribunales y la práctica de pruebas con niños y niñas presuntamente víctimas de abusos, de delitos en general, cometidos por personas adultas. El “principio de legalidad” (la obligación de perseguir el delito y el delincuente para restablecer el orden legal de la comunidad) prevalece siempre sobre el de oportunidad, el de valorar si tiene sentido su persecución y, especialmente, la consideración de cómo debe hacerse para no dañar a una persona que está en la infancia y que tiene unos derechos superiores. No debería haber ninguna norma que permita y justifique causar un nuevo daño a un niño o niña, ni siquiera en aras de la condena de un culpable.

En cualquier caso, numéricamente hablado, el mayor número de daños parece situarse hoy en las nuevas y viejas conflictividades familiares. Los hijos e hijas no sólo son moneda de intercambio en el litigio, sino que personas adultas supuestamente sensatas hasta la ruptura, dañan a sus hijos para dañar a la otra parte o conseguir obtener su personal triunfo en la batalla.

Uno de los conceptos más ambiguos y, a la vez, más manoseados cuando una institución, administrativa, judicial, penal, intervine sobre la infancia es el del “interés superior del menor”. Nunca encontré el sentido con el que se aplicaba y siempre tuve la sensación de que se trataba de una muletilla obligada. Más irritante que su falta de contenido es que se invierta el sentido. Algunos responsables de nuestra sociedad han llegado a escribir que “superior”, “primordial”, no significa primero sino igual que otros y con matices. Con los que transgreden las leyes, cualquier alarma social prevalece sobre la obligación de considerar los derechos e intereses de la infancia, el derecho a ser responsables antes que a ser considerados delincuente.

La cuarta de las constataciones es que el sistema protector está hecho un desastre. La dificultad de adaptación a las nuevas necesidades y realidades infantiles, así como años y años de burocratización y de falta de directrices coherentes y estables lo han llevado a ser un sistema escasamente protector. Aunque parezca duro afírmalo, a pesar de los esfuerzos de buenos profesionales que todavía trabajan dentro del sistema, una parte significativa de las prácticas reales del sistema están dentro de lo que debemos definir como maltrato institucional.

El sistema protector actual funciona como si el tiempo no contara para los niños y niñas a los que protege, como si diera igual unos meses que unos años de internamiento, como si los cambios no le afectaran, como si pasar de sentirse abandonado a sentirse querido y, de nuevo, al abandono diversas veces fuera algo que pueden hacer sin costes. Muchas medidas temporales se convierten en eternas. Acogimientos de urgencia se convierten en situaciones estables que después deben romperse. Parece un sistema que trata expedientes y no niños y niñas.

Es un sistema condenado a menudo a actuar porque otros no actúan. Es un sistema en crisis dentro de un sistema global de atención a la infancia en gran medida inexistente o muy deficitario en buena parte del territorio. Un sistema que debería ser excepcional se convierte en sustituto de prácticas de atención a la infancia en la comunidad, en el barrio, que no existen, que no prestan otros dispositivos de atención primaria o de educación que trabajan en el territorio.

Por último, una constatación dominante, que engloba a las cuatro anteriores: la ausencia de perspectivas de infancia en las repuestas que las administraciones y una parte de los profesionales dan a sus necesidades y dificultades. No se acepta con facilidad que es posible que la manera con la que debamos mirar su mundo y pensar las respuestas tenga poco que ver con nuestra perspectiva adulta o con la lógica de funcionamiento de las instituciones. Por ejemplo: en mi tiempo de Defensor batallé inútilmente con mi jefe para que entendiera que la defensa de los derechos de la infancia no era del mismo tipo que la defensa de los derechos de las personas adultas. Me decía que eran del mismo tipo que la defensa de los derechos del paciente, de la mujer o del medio ambiente. La diferencia es que se trata de una defensa activa, que intenta colocarse en el lugar del niño o niña y que, siempre, está de parte de ellos, hace valer sus formas de sentir, vivir y pensar, aunque otras personas adultas puedan defender, con razón, otras perspectivas. Muchas veces tuve que escuchar que me equivocaba en su defensa porque siempre me ponía de su parte. Algún parlamentario hoy Consejero del gobierno, ante mi rebote por su olvido, en clave electoralista, de los derechos de los niños me dijo que yo “tenía la piel muy fina” cuando me ocupaba de la infancia.

No se tiene en cuenta que hay que hacer posible la consideración de su perspectiva en la toma de decisiones que les afectan. Eso pasaba y pasa, por ejemplo, con la valoración de si un menor solo inmigrante debía ser devuelto a su país. Junto con otras consideraciones parece claro que alguien debe conocer sus vivencias, sus proyectos, sus deseos y considerar de manera relevante –casi determinante- su voluntad de seguir o volver. Pero estos argumentos siempre son rechazados por quienes les entra el vértigo de lo que supone que un adolescente pueda tomar decisiones sobre su vida. La minoría siempre se acaba convirtiendo en un déficit y el menor en un objeto a proteger.

No Comments
  • Josep M Jarque (@JosepMJarque)
    Posted at 15:49h, 20 novembre Respon

    El mateix passa no tan sols amb l’adolescent amb discapacitat sinó també amb l’adult. Continua lamentablement vigent l’eslogan: “els nens que sempre seràn nens”

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