Pero, ¿para qué demonios queremos una ley penal de menores? - Jaume Funes Artiaga
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Pero, ¿para qué demonios queremos una ley penal de menores?

Pero, ¿para qué demonios queremos una ley penal de menores?

Hoy, como cada domingo, después de “escampar la boira” con la bici por la montaña, estaba dispuesto a leer los diarios. En medio de todo lo que está cayendo (probablemente para despistar al personal) me encuentro con que, por enésima vez, a los que mandan les da ha dado por decir que van a modificar la Ley de responsabilidad penal del menor. Todo porque en un juicio de adultos sobre un homicidio grave las cosas no han ido como la demagogia estimulada pedía y porque, hace tiempo, ya hubo un adolescente condenado.

Me agota tanto volver a recodar lo obvio, luchar contra el populismo punitivo una y otra vez, recordar que todo no  vale, que he hecho arqueología de lo que en otros tiempos escrí y me ha parecido útil recuperar un texto redactado cuando a finales de 2006 se modificó drásticamento toda la Ley, convirtiéndola en un pésimo código penal adulto. Si el lector cambia las fechas descubrira que seguimos con mas de lo mismo. Andaba yo entonces intentando hacer medio bien de Defensor de los Derechos de la Infancia en Catalunya por lo que el texto es algo institucional y comedido.

De nuevo, la Ley de responsabilidad penal de los menores está en fase de modificación (ahora, más bien de profunda transformación). Como es perfectamente conocido, durante muchos años de democracia la respuesta a las trasgresiones de los menores vino dada por una ley franquista de 1948, hasta que, en 1992, varias advertencias del Tribunal Constitucional obligaron al Gobierno a una modificación provisional de la ley de Tribunales Tutelares. La provisionalidad duró hasta que, en el año 2000, una nueva ley, moderna y garantista,  propuso un sistema nuevo de actuación. Pero, debía haber tan poco convencimiento en la bondad de la ley que, antes de entrar en vigor, fue modificada dos veces y, después de entrar en vigor, otras dos veces más.

En el análisis y la valoración de las viejas y las nuevas reformas conviene separar tres aspectos. En primer lugar, el por qué de la existencia de una norma penal diferente. Después, su relación con la forma cómo la sociedad vive los fenómenos adolescentes y jóvenes. Por último, un recuerdo sobre los elementos claves inherentes a la justicia de menores.

La lentitud en modificar la ley franquista y los continuos cambios sólo se explican porque estamos ante una cuestión social y políticamente poco prioritaria, llena de dudas y sometida a continuos vaivenes sociales totalmente ajenos a la que debería ser la principal preocupación colectiva: la búsqueda del interés superior del menor. Toda esta inseguridad quizás esté ocultando nuestras dudas sobre el por qué una sociedad decide tener un sistema penal para sus adolescentes diferente del de las personas adultas. Estas leyes diferentes existen, fundamentalmente, por dos razones. La primera es considerar que están en etapas de su vida en las que la respuestas correctoras deben ayudar a su incorporación futura positiva en la sociedad y nunca impedirla o hacerla todavía más difícil. La segunda, tiene que ver con la comprobación, ya antigua, de que el sistema penal adulto, el sistema judicial general, suele ser una mala manera de actuar ante conflictos estrechamente relacionados con la edad, la maduración, la educación. Por esas razones, la ley impide que ingresen la cárcel antes de una edad o considera que en la etapas infantiles la respuesta la han de dar otras instituciones. No hay debate posible si se pone en duda el hecho mismo de la necesidad de tener dos sistemas de respuesta claramente diferenciados.

Las conductas delictivas de los más jóvenes suelen estar siempre rodeadas de lo que los sociólogos denominan “construcciones sociales”. Es decir, aspectos añadidos que poco corresponden con la realidad pero que acaban siendo vividos intensamente como reales. Desde los años 70, en los que trabajaba con los chicos de la calle que a veces tenían escopetas recortadas, hasta hoy, puedo decir que pocas veces las alarmas colectivas han correspondido con verdaderos aumentos o cambios graves en la delincuencia juvenil. Tampoco ahora, aunque haya cambios profundos en algunas conductas, aparezcan nuevas y aumenten o disminuyan en unos u otros barrios. Los cambios en leyes de este tipo deberían hacerse porque hemos estudiado la realidad y el instrumento legal ya no sirve o porque, evaluada su aplicación, los resultados nos son aceptables. Hacer lo contrario nos lleva a ir cambiando continuamente, empujados por apreciaciones poco rigurosas.

De los escasos cinco años de aplicación de la ley actual, de su efecto, sabemos poco. En Catalunya conocemos algunos datos. Por ejemplo: un incremento significativo en los últimos años de las medidas de internamiento en centro cerrado con el consiguiente desbordamiento de las instituciones, la semidesaparición de los recursos de internamiento en libertad. También sabemos, por un estudio reciente del Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat, que sólo un 15% de los menores bajo medidas de mediación, reparación, trabajo en benefició de la comunidad y similares reincide, mientras que sí vuelven a la actividad delictiva un 80% de los que pasan por un centro cerrado.

Si mantenemos vivas las razones por las que queremos tener este tipo de leyes y la lógica que debería presidir su cambio, convendría, finalmente, revisar los componentes básicos de toda ley penal de menores (al menos de las leyes europeas que conozco), ya que sin ellos pasa a ser otro código penal adulto. Por ejemplo, no se trata de leyes que apliquen penas, sino de leyes que buscan la medidas educativas adecuadas a cada menor y a cada situación. No se trata de discutir si le corresponde más o menos pena sino de buscar de qué manera le haremos descubrir a un adolescente que su conducta afecta –destruye a veces- a otras personas. No discutimos la cantidad de castigo sino cómo el castigo le ayuda, ahora y en el futuro, a ser responsable. Después, ha de quedar claro que las medidas posibles son muchas y no sólo el internamiento. Que, además, estas deben aplicarse en su propio entorno, con profesionales próximos que, durante tiempo, le brindan seguimiento y apoyo. Finalmente, las medidas han de poderse modificar cuando la evolución es positiva.

Para acabar: en mi modesta opinión, aceptar –como aparece en la propuesta de reforma- que alguien juzgado como menor acabe cumpliendo condena en una cárcel supone una vulneración grave de la Convención de los Derechos de la Infancia, firmada por nuestro país (diciembre 2006)

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